Esta medida planea reducir las estadísticas de mortalidad materno-infantil, que continúa siendo un problema de salud pública importante y además garantiza el acceso a la atención médica. La mortalidad materna afecta principalmente a mujeres embarazadas en condiciones de pobreza que no cuentan con seguro social, además de que la atención que tienen las mujeres en esta situación no siempre es la adecuada, oportuna y eficiente.
Según datos del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en la actualidad a nivel nacional se registran:
- Más de 2 millones de embarazos por año a nivel nacional
- Alrededor de 300 mil mujeres que presentan complicaciones obstétricas
- 30 mil quedan con secuelas obstétricas, convirtiéndose en discapacitadas
- 1100 mujeres fallecen, dejando una secuela social de 3 mil huérfanos cada año
- 1 de cada 5 mujeres sufre hemorragias no atendidas correctamente que terminan en la muerte
El servicio deberá efectuarse si la próxima mamá solicita ayuda de manera directa o a través de una unidad médica capacitada para este tipo de emergencias, independientemente de su afiliación a cualquier servicio de seguridad social.
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