El 4 de septiembre de 2025, Andrés Morosini, de 28 años, violó una orden de restricción y raptó a sus dos hijos: Federico, de seis años, y Alfonsina, de dos. Horas después, la Policía encontró los tres cuerpos dentro de un auto hundido en el arroyo Don Esteban, en Río Negro. El hecho sacudió a Uruguay y generó movilizaciones masivas en Montevideo. Se trata de un caso de violencia vicaria, cuando un hombre daña o asesina a sus hijos como forma de castigar a la madre.

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La violencia vicaria no ocurre de manera aislada. ONU Mujeres indica que este tipo de violencia aumenta y muestra que necesitamos mejorar las medidas de protección para mujeres y niños. En España, por ejemplo, padres o parejas de las madres asesinaron a 49 menores entre 2013 y 2024. En América Latina, no existen estadísticas consolidadas, pero los especialistas advierten que la sociedad suele invisibilizar este fenómeno.

Morosini había sido denunciado por violencia psicológica. Pese a las medidas judiciales, no existía restricción sobre el contacto con sus hijos. Horas antes del crimen, envió un audio en el que confesaba que no quería vivir y que “no podía irse de este mundo sin ellos”. Este detalle expone la falta de seguimiento psicológico y la insuficiencia de las medidas de protección.

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La reacción social y política

Tras el hallazgo de los cuerpos, miles de personas marcharon en Montevideo. El sistema judicial fue cuestionado por no actuar con mayor firmeza. Incluso, una jueza fue sumariada para evaluar si hubo negligencia en la aplicación de medidas cautelares. La Suprema Corte de Justicia uruguaya abrió una investigación interna. Este caso dejó en evidencia que las denuncias no siempre se traducen en protección real.

La violencia vicaria es un recordatorio doloroso de que la violencia de género no siempre se dirige solo contra la mujer. Cuando no hay protección integral, los hijos quedan expuestos al riesgo máximo. Reconocer, prevenir y sancionar estos actos es clave para evitar tragedias similares. La presión social y mediática, como ocurrió en Uruguay, puede impulsar reformas legales más efectivas.