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¡Vendió a su hija por 25 mil pesos!: Hasta 30 años de prisión

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A cambio de dinero, el papá de una niña de 12 años la obligó a vivir con un hombre. La denuncia fue presentada por la madre de la menor.

vendió a su hija por 25 mil pesos
Ninguna niña debería vivir una situación de abuso, ser obligada a estar con un adulto ni ser tratada como si sus derechos pudieran negociarse. Por eso, casos como el ocurrido en Chiapas han generado indignación y vuelven a poner sobre la mesa la importancia de proteger a niñas y adolescentes.

¡Vendió a su hija por 25 mil pesos!: Hasta 30 años de prisión

Una madre indígena de San Andrés Larráinzar, Chiapas, denunció que su esposo habría obligado a su hija de 12 años a vivir con un hombre adulto a cambio de dinero. De acuerdo con la denuncia, el padre habría recibido 25 mil pesos por entregar a la menor.

a niña pasó cerca de un mes en esta situación hasta que las autoridades lograron rescatarla. La Fiscalía General del Estado informó que detuvo al padre, identificado como Andrés “N”, quien enfrenta un proceso por el delito de cohabitación forzada. Además, las autoridades buscan al adulto señalado de haberla recibido.

Este sería el primer caso judicializado en Chiapas por este delito, luego de que en enero de este año se reformara el Código Penal para sancionar la cohabitación forzada de menores de 18 años.

“Quiero decirles que el día de hoy se encuentra enfrentando la justicia Andrés “N” por el delito de cohabitación forzada; recibimos la denuncia de la madre de la víctima, una adolescente de 12 años de identidad reservada. Andrés “N” ofreció por la cantidad de 25 mil pesos a su hija, obligándola a vivir en cohabitación forzada con otra persona del sexo masculino adulto, quien también va a enfrentar la justicia”.
Jorge Llaven Abarca, fiscal general del estado

La ley establece penas de prisión para quienes obliguen a niñas, niños o adolescentes a vivir en pareja o en una relación de este tipo. Además, las sanciones aumentan cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o grupos afromexicanos.

Las autoridades han señalado que ninguna tradición, costumbre o práctica puede estar por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Pediremos como pena máxima hasta 30 años de prisión, ya que no olvidemos que este delito tiene un agravante cuando se comete en los pueblos indígenas. Quiero dejar claro que los sistemas normativos o conocidos como usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes y de las mujeres, y todo aquel que violente los derechos de este sector de la población va a enfrentar a la justicia”.

Jorge Llaven Abarca, fiscal general del estado

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